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Una extracción de barro, piedras y arena sobre el río Medellín en jurisdicción del municipio de Barbosa está causando polémica por afectaciones sobre el cauce.
Las empresas extractoras afirmaron que existe un permiso otorgado por la Secretaría de Minas de la Gobernación de Antioquia, bajo la figura de subcontrato de formalización minera, pero Corantioquia, autoridad ambiental, apuntó que no cuentan con licencia ambiental para llevar a cabo estos trabajos.
EL COLOMBIANO recibió una denuncia anónima en la que se afirma que la situación se presenta desde marzo del año pasado, cuando comenzaron los trabajos de dragado sobre el río con la entrada de una retroexcavadora.
Agrega que la Alcaldía de Barbosa manifestó en su momento que las personas contaban con autorización; no obstante, en mayo de 2017, cuando la extracción empezó a afectar la estabilidad de algunos terrenos, la Administración Municipal les manifestó que no tenían certeza de quiénes estaban efectuando tales trabajos.
El dragado fue suspendido en octubre pasado, mediante una medida preventiva de suspensión de actividades emitida por Corantioquia, porque no existía una licencia ambiental, lo cual, según los denunciantes, se cumplió hasta principios de febrero de este año, cuando ellos pudieron corroborar que se reanudó la actividad a orillas del río.
Esta información la corroboró Corantioquia y agregó que llevó a cabo una visita de control ,porque el incumplimiento de la medida de suspensión será tomado como agravante para los procesos sancionatorios que están estudiando en la corporación.
“Enviamos comunicación a la Alcaldía de Barbosa para que nos apoye en la vigilancia a estas empresas. Todo el dragado sobre el río modifica sus condiciones naturales, hace que el cauce varíe y eso afecta a la comunidad cercana a la zona”, expresó Julián Andrés Granada, jefe de la oficina territorial Aburrá Norte de Corantioquia.
El funcionario agregó que no tenían conocimiento sobre el subcontrato de formalización minera de la Secretaría de Minas de la Gobernación de Antioquia que tendrían las empresas extractoras, pero aclaró que aunque sea un permiso de índole departamental o municipal, mientras no se tenga una licencia ambiental no se puede llevar a cabo actividades de dragado.
Indagamos sobre las firmas que están involucradas en esta polémica: Triturados y Arenas del Norte SAS y Agregados El Trapiche SAS, ambas con el mismo número de contacto y matriculadas en el municipio de Girardota. Sobre estas, según Corantioquia, se impuso la medida preventiva de suspensión de actividades.
Andrés Flórez, ingeniero de Triturados y Arenas del Norte, le dijo a EL COLOMBIANO que el año pasado se llevaron a cabo actividades en la zona, pero que no tenían nada que ver con ambas firmas. Subrayó que el señor Jhon Fredy Flórez Uribe, con quien afirma tiene lazos familiares, es el titular del subcontrato con la Gobernación y tiene todos los permisos en regla.
“La normatividad de formalización minera le permite hacer el dragado porque tiene en trámite la licencia ambiental, y mientras tanto pueden trabajar con base en los estudios. La autoridad ambiental tiene el deber de darle prelación para la obtención de la licencia cumpliendo y siguiendo las normas, sin generar afectaciones al medio ambiente y, hasta ahora, no las ha habido”, afirmó.
Los denunciantes afirman que al día llegan a sacar 15 volquetas de material de la zona y eso podría incluso afectar los terrenos del barrio La Esmeralda, cerca al sitio.
Entretanto, Flórez insiste que las firmas solo compran el material que extrae el titular del subcontrato, que pese a no tener la licencia ambiental es un minero tradicional con 20 años de experiencia, cuenta con el permiso del Departamento y, subraya, no tiene nada que ver con las extracciones ilegales del año pasado.