Construcción de Planta Aguas Claras en Bello entró a controversia

Una comisión de EPM evalúa los atrasos de obra y los sobrecostos, sobre los cuales la empresa aún no decide si sanciona al consorcio constructor.

La Planta de Tratamientos Aguas Claras de Bello será un referente en América Latina por su innovadora tecnología y su gran impacto social. FOTO esteban vanegas

Obras en Planta Aguas Claras en Bello entró a controversia

Una comisión de resolución de controversias que mantiene vigente Empresas Públicas de Medellín (EPM) será la encargada de concluir cuáles fueron las razones que atrasaron las obras de la planta de tratamiento de aguas residuales que actualmente se construye en Bello y que debió iniciar su operación parcial el pasado 31 de julio.

Ante el evidente incumplimiento del plazo contractual por parte del consorcio Aguas de Aburrá HHA —el cual EPM reconoce como atrasos— y el posible inicio de procesos sancionatorios o cobro de multas, la gerente de Proyectos de Infraestructura de EPM, Adriana María Londoño Carvajal, se limitó a indicar que las razones del atraso son objeto de controversia que deberán ser resueltas, en principio, por dicha comisión y que “se ha notificado al consorcio la aplicación de medidas de apremio y se ha iniciado el proceso para su reclamación ante la comisión”.

Para la concejala de Medellín, María Paulina Aguinaga, quien ha dedicado gran parte de su gestión a hacerles seguimiento a las finanzas, inversiones y proyectos de infraestructura de EPM, las respuestas que ha dado al respecto la gerencia de la empresa tampoco han sido satisfactorias. “La planta tiene más de dos años de retraso y EPM ha sido pasiva y condescendiente con los incumplimientos”, sostiene.

Sobrecostos

En cuanto a los sobrecostos, EPM reconoce que “el atraso en la construcción de la planta de tratamiento ha implicado mayor permanencia de la asesoría, la interventoría y el gerenciamiento de la obra, cuyo costo solo podrá ser determinado cuando finalice la misma”, lo cual también será objeto de reclamación al consorcio a través de la comisión.

Sin embargo, la concejala Aguinaga sí maneja datos específicos al respecto: “EPM firmó un convenio y no un contrato con el consorcio, por valor de 347 millones de dólares ($1,036 billones al cambio actual). Este convenio ha tenido adiciones cercanas a los $28.000 millones, pero se ha venido haciendo un juego contable y es que el costo de obras extras, que no estaban contempladas desde el inicio, lo compensan con obras que dejan de realizar. Según cifras de EPM hay sobrecostos cercanos a los $60.000 millones”, afirma la concejala del Centro Democrático.

El pasado 4 de julio, en sesión plenaria del Concejo el gerente de EPM, Jorge Londoño de la Cuesta, aseveró que la empresa decidió continuar con la construcción de la planta, pese a los problemas presentados, pero paralelamente está llevando a cabo las acciones jurídicas necesarias por el incumplimiento en la fecha de terminación de la obra.

Pero la corporada Aguinaga expuso que a pesar de los informes de la interventoría, EPM no ha ejercido bien su tarea de supervisión del proyecto.

En la misma sesión, el concejal Bernardo Alejandro Guerra pidió a la Contraloría y a la Personería de Medellín asumir una actitud más proactiva frente a esta problemática.

Afectados

Aunque EPM informó que la planta iniciará su operación en marzo de 2018, tanto Aguinaga como Guerra advierten que el proyecto ya tiene a 35 empresas subcontratistas, la mayoría antioqueñas, al borde de la quiebra o algunas ya intervenidas por la superintendencia.