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En las últimas semanas varios vecinos en El Poblado se unieron para oponerse a la construcción de un edificio -que tiene todos los permisos necesarios- en el barrio El Diamante No. 2. Su argumento es que podría interrumpir la conectividad ambiental del parque La Frontera, ubicado a pocos metros del proyecto, con la loma del Campestre.
A menos de tres kilómetros de allí la comunidad de la loma de Los González completa cinco meses oponiéndose al levantamiento de otro edificio en el mismo lote en el que nace una fuente de agua que alimenta el acueducto veredal. Incluso hizo un entierro simbólico de la fuente de agua de la que, según Orlando Arenas, toman agua 500 usuarios de 117 viviendas.
Muy cerca de allí, entre las calles 35 y 36, la Secretaría de Infraestructura tuvo que modificar los diseños de la ampliación de la carrera 34 (obra pagada con dineros de valorización) para evitar la tala de 142 árboles que hace poco crecieron en la zona. Y en Envigado, un grupo de ciudadanos llamado Túnel Verde logró parar, en 2013, y con una medida cautelar, la construcción del tramo 2B de Metroplús para evitar la tala de 172 árboles y el traslado de unos 28 más.
Estos no son casos aislados. En las comunas 9, 11 y 16 de Medellín también hay polémica por el posible corte de árboles para dar paso a unidades residenciales o centros comerciales.
Eduardo Loaiza Posada, gerente para Antioquia de la Cámara Colombiana de la Construcción, Camacol, criticó que los colectivos ambientalistas satanicen a los constructores y reconoció que aunque hay algunos con malas prácticas, son muchos más los que hacen su trabajo cumpliendo la ley.
“En la ciudad hizo carrera eso de que no se puede tocar ningún árbol y se está haciendo negocio con eso. Sabemos que hay árboles viejos y enfermos, y además las normas nos obligan a reponer hasta 10 árboles nuevos por cada uno talado”, dijo.
Loaiza reconoció que hoy hay una deuda de 60 mil árboles que deben sembrarse como compensaciones ambientales. Según él, hace falta que las autoridades les digan dónde se deben plantar esos nuevos individuos.
María del Pilar Restrepo, subdirectora Ambiental del Área Metropolitana (Amva) explicó que esta es una responsabilidad de cada administración municipal, la cual debe indicarles a los constructores donde hacer la siembra.
Dejó claro que, como el Amva da la autorización para el aprovechamiento forestal (tala) en zonas urbanas, es en estas donde se debe hacer la reposición y no en áreas rurales, donde la entidad no es autoridad ambiental.
Los conflictos entre quienes reclaman el derecho al trabajo -constructores- y quienes exigen mayor protección del medio ambiente -colectivos ambientalistas y vecinos- han trascendido tanto que la Personería creó un Observatorio de Derechos Colectivos y Medio Ambiente.
Santiago Ruiz, su coordinador, explicó que en Los González y El Diamante No. 2 ya se crearon mesas de trabajo con las partes para determinar si hay derechos vulnerados y cómo resolver las diferencias.
“Estamos haciendo seguimiento a las compensaciones ambientales que deben hacerse en cada obra donde hay algunas deudas (...) Siempre las construcciones tendrán un impacto ambiental negativo por más pequeño que sea, pero es normal. Y lo que tratamos es que se minimice, porque no se pueden afectar los derechos a la vivienda, a un ambiente sano o al trabajo” , dijo.
María del Pilar Restrepo explicó que desde 2014 se hizo obligatorio que los proyectos urbanísticos cercanos a alguna de las 42 redes ecológicas de la ciudad presenten un estudio de conectividad ambiental. Eso quiere decir que deben contratar ingenieros ambientales y sanitarios para garantizar que su obra no afectará la flora de la zona ni la movilidad de la fauna.
“Eso es un tema nuevo en el país y estamos afinando metodologías y capacitando a los constructores para que este requisito sea entendible y realizable”, indicó.
El Área Metropolitana reconoció que uno de los retos más grandes es armonizar el desarrollo urbanístico con el manejo de recursos naturales en el Aburrá. “Estamos buscando acuerdos con los constructores para revisar las obligaciones urbanísticas pendientes y así lograr disminuir el déficit de árboles”, dijo Restrepo.
Según datos del Amva, en 2017 el área metropolitana tenía un déficit de más de 700 mil árboles. Las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) señalan que la media en grandes ciudades debe ser de un árbol por cada tres personas.
En cuanto a espacio público, la ciudad tiene unos 4 metros cuadrados por persona y la meta de la actual administración es subirlo hasta 5,2 metros. El estándar de la OMS es de 15 metros cuadrados por cada habitante.
Pero el Valle de Aburrá también tiene necesidades en materia de vivienda pues, según estimaciones del Dane, cada año la población de la ciudad aumenta en promedio en casi 31 mil personas por año y eso supone una demanda de vivienda importante. Entonces, ¿cómo lograr el equilibrio?
Juan Sebastián Bustamante, coordinador de proyectos de Urbam, el centro de estudios urbanos y ambientales de la Universidad Eafit, dijo que los análisis realizados por el centro concluyeron que la ciudad no está siendo sostenible.
“El mayor crecimiento está en las laderas de altas pendientes donde un sistema masivo de transporte como el tranvía o el articulado (Metroplús) no llegan. Y hay un crecimiento sin tener en cuenta las amenazas que luego se convierten en riesgos, como las talas de árboles y la invasión de los retiros de las quebradas”, aseguró.
Bustamante manifestó que la clave para resolver el problema está en aprovechar la franja cercana al río en Medellín y municipios cercanos. “Un ejemplo de eso es Ciudad del Río, en El Poblado. Allí dos industrias altamente contaminantes salieron y se creó un nuevo espacio para vivienda en una zona cercana a los sistemas de transporte. Además se dio una mezcla sana de usos del suelo porque también hay comercios y parques”, explicó.
Pero el académico reconoció que gestionar un plan parcial como ese, o el que se desarrolla en la zona de Naranjal, es más difícil y lento y, por eso, sugirió que las autoridades busquen herramientas que permitan renovar zonas más pequeñas como el barrio Corazón de Jesús o el lote que hoy ocupa la empresa Peldar en Envigado (78.000 metros cuadrados).
El experto considera que el cambio de la vocación de la ciudad de industria a servicios es clave en este proceso. “Hay una oportunidad de transformar algunas zonas industriales a viviendas de densidades mayores, eso para no afectar casas patrimoniales como las de Laureles o San Joaquín. Porque, hoy por hoy, para el constructor es más fácil comprar una casa en esos barrios que esperar a que se apruebe el plan parcial”, agregó.
Mientras tanto en El Poblado la Mesa Ambiental, liderada por José Fernando Álvarez, anunció que solicitará al Concejo y la Alcaldía una revisión del Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín para impedir que haya nuevos proyectos urbanísticos en zonas aledañas a las reservas ambientales y las quebradas.
Álvarez reconoció que aunque es un propósito difícil -el POT tiene una vigencia de 10 años, contada desde el 2015- buscará el apoyo de concejales y colectivos.
“Aquí ya la gente se está organizando y están más pendientes de qué se construye y cómo. No queremos que se afecte la conectividad, porque no queremos que el barrio termine sin espacios verdes ni zonas para el peatón, como ya ocurrió en el barrio Santa María de los Ángeles”, apuntó.
El Amva confirmó que uno de los dos edificios del barrio El Diamante No. 2 no requiere de licencias de aprovechamiento forestal y tiene todos los permisos en regla; y el otro tiene su plan de conectividad en estudio y pronto se tomará una decisión al respecto.
En Los González, la Personería lidera una mesa de concertación para definir el futuro de la obra.