viernes
7 y 9
7 y 9
Una semana después de que la Procuraduría emitiera un auto de apertura de investigación preliminar, para determinar si en Antioquia existe un carrusel de la salud vinculado a 16 hospitales, dos de los protagonistas del caso hablaron con EL COLOMBIANO para explicar, una a una, las supuestas irregularidades en indagación.
Se trata de Jesús Eugenio Bustamante, actual gerente del Hospital General de Medellín, y de Misael Cadavid, gerente del Hospital La María.
El documento con el que se da inicio a la investigación señala varios hechos relacionados con el ejercicio de Bustamante como gerente del Hospital de Turbo, entre 2013 y 2016.
La Procuraduría investiga si es cierto que Bustamante le dio uso indebido a más de $200 millones de viáticos, si contrató como subgerente a uno de sus contratistas y si dejó de publicar en el Secop (Sistema Electrónico de Contratación Pública) los contratos de un año completo.
Al respecto, el gerente aseguró que durante su ejercicio realizó varios viajes a Medellín, Cali, Bucaramanga y Bogotá para negociar con las EPS que le debían al hospital (Selvasalud y Solsalud principalmente) y para asistir a capacitaciones. “Yo siempre hacía las compras (de tiquetes) con mis tarjetas y tengo cómo demostrar que pagaba y después me hacían los desembolsos”, dijo y aclaró que entregó soportes de todas las transacciones.
Bustamante desmintió que haya contratado a Marco Fidel Suárez, representante legal de la firma Corponal como subgerente. “En uno de los descargos que le hice al Concejo de Medellín está la certificación del hospital de que él nunca fue funcionario”. Agregó que Corponal tuvo numerosos contratos con el hospital para servicios de medicina interna, auditoría concurrente y asesoría en el sistema obligatorio.
Respecto a los reportes del Secop, Bustamante dijo que “nunca se dejaron de rendir”, aunque reconoció que muchos de ellos se entregaron de manera extemporánea. “En la región no es un secreto que hay problemas con las líneas de internet y eso se expuso en su momento a la Contraloría. Están las certificaciones de los prestadores de servicio de internet de las frecuentes caídas”, agregó.
El manejo dado al Hospital General también está bajo la lupa. La Procuraduría pidió investigar si Bustamante le pidió la renuncia a sus empleados, si nombró como funcionario a un concejal en ejercicio y por qué en el Hospital se encontró material médico sin trazabilidad ni registros.
El Gerente explicó que dos semanas después de tomar posesión del cargo, tres directivos del hospital presentaron su renuncia voluntaria y uno de ellos salió por insubsistencia. “Hay otra salida de un funcionario de libre nombramiento y la norma da la potestad para eso”, aclaró.
Bustamante reconoció que contrató como médico a Diego Cataño, quien también era concejal de Girardota (municipio del que Bustamante es oriundo). Según el Gerente, se eligió a Cataño porque cumplía con el perfil de tener conocimientos en auditoría concurrente y no había inhabilidad porque se trata de un corporado de un ente territorial distinto a Medellín.
Sobre la adquisición de material de osteosíntesis, aclaró que fue la misma gerencia la que pidió la revisión de la Seccional de Salud porque en el área de Suministros no se cumplió con el protocolo para el ingreso de esos productos. La inspección terminó con el decomiso del material.
“Lo que había en el Hospital General cumplía con los requisitos del Invima y la Dian, menos con el permiso de la empresa como proveedora”, dijo y aclaró que él mismo le pidió a la Contraloría y la Fiscalía que investigaran el tema.
Pese a las investigaciones, a que la Junta no lo respalda y que el Alcalde de Medellín pidió su renuncia, Bustamante dijo que se mantendrá en el cargo, que está abierto a las investigaciones y que los números lo respaldan.
Su Plan de Acción fue calificado por la Junta Directiva con 4,52 sobre 5, según consta en el Acuerdo No. 177 de abril de 2018 .
Los contratos en el hospital la maría
A Misael Cadavid se le cuestiona la relación con Bustamante, un conflicto de intereses en un contrato y el pago de un arriendo. El funcionario explicó que a Bustamante lo contrató como médico epidemiólogo mientras estaba al frente del Hospital San Rafael de Itagüí, y que tras un mes y 10 días, él renunció. Agregó que su subgerente, Horacio Gallego, fue declarado insubsistente porque se comprobó que la madre de uno de sus hijos (que no es su pareja actual) era representante legal de la empresa Architec, contratada para modernizar el archivo del hospital. Y aclaró que cuando llegó a la Gerencia se encontró con que estaba vigente el contrato de arrendamiento de una oficina para el programa de tuberculosis. “El arrendatario resultó ser el representante legal de la Liga contra la Tuberculosis, que era contratista de ese programa. El arriendo, por el mismo valor, se pasó a una agencia inmobiliaria para los 3 meses que restaban”. Hoy en el hospital se está habilitando una sede para ese programa.