Infractores activaban el cartel del silbato

La Fiscalía detalló cómo actuaba la red de agentes de tránsito. Los 20 detenidos se declararon inocentes.

ilustración Esteban parís

“Colabóreme, señor agente”, “sálveme la vida”, “venga arreglemos”. Peticiones como estas, de parte de ciudadanos que violaron la ley, activaban una compleja trama de corrupción dentro de la Secretaría de Movilidad de Bello.

Así quedó en evidencia en las audiencias de control de garantías contra 20 presuntos integrantes del cartel del silbato realizadas la semana pasada en el estrado del Juzgado 42 Penal Municipal de Medellín.

La olla podrida empezó a destaparse el 1 de octubre pasado, cuando el Grupo de Administración Pública (Anticorrupción) del CTI Seccional Medellín dio el golpe, tras una investigación de más de un año que incluyó interceptaciones telefónicas y vigilancias en el terreno. El escándalo de las capturas sacudió a Bello, una localidad de medio millón de personas que se quedó sin la quinta parte de sus guardas de tránsito.

La Fiscalía 108 Seccional imputó cargos por concierto para delinquir, prevaricato por omisión, concusión, revelación de secreto y corrupción al sufragante. Durante la diligencia, advirtió que esta red clandestina habría establecido relaciones de alto nivel con funcionarios de la Fiscalía, la Judicatura y la Alcaldía de Bello, que acudían a sus servicios ilícitos, por lo que lo que más adelante habrá una segunda fase de la operación.

Todos los procesados negaron los cargos y se declararon inocentes frente al juez, a pesar de que varios palidecieron cuando escucharon los comprometedores audios que presentó el ente acusador.

Al cierre de esta edición no habían concluido los alegatos para definir la medida de aseguramiento, luego de cuatro días de audiencias.

Más allá de un grave episodio de corrupción institucional, el caso del cartel del silbato también reveló un aspecto antiético y torcido de la ciudadanía. En las conversaciones registradas por la Sala Técnica del CTI, aparecen conductores que atropellaron personas ofreciendo coimas para que los guardas no los sancionaran; otros, que irresponsablemente manejaban borrachos, dieron plata para evadir el examen de toxicología.

Son estas mismas personas las que patrocinan la corrupción, y luego se quejan por la falta de transparencia de los funcionarios.

1. 400 HECHOS DE CORRUPCIÓN

En la audiencia de imputación, la Fiscalía describió así a la organización clandestina: “en el municipio de Bello venía operando un grupo de funcionarios de la Secretaría de Movilidad, que abusando de sus cargos y funciones, estableció un cartel dedicado a la defraudación de la administración pública”. La finalidad de la red era cobrar dinero para que los infractores de tránsito no fueran sancionados, para lo cual omitían la realización de comparendos, fotomultas y restricciones a la movilidad. La investigación comenzó en julio de 2017, registrando más de 400 actos de corrupción en 2.000 conversaciones telefónicas interceptadas.

2. LOS AMIGOS DE MIS AMIGOS

En el 90% de los casos, el cartel actuaba de manera inmediata, apenas un guarda detectaba la infracción en la calle. En ese momento se activaba la red, cuando el contraventor llamaba a un guarda conocido para que convenciera al agente encargado del procedimiento de omitir la multa; en otros casos, era un miembro del cartel quien llamaba al infractor para ofrecerle el trato. Los beneficiarios de esta conducta antiética eran familiares o amigos de los guardas, miembros de combos delincuenciales, médicos, políticos y hasta líderes religiosos cercanos a los corruptos. Antes de desplegar la gestión fraudulenta, los integrantes se cercioraban de que el guarda que detuvo al contraventor sí fuera de los suyos, para evitar ser detectados.

3. LOS LÍDERES DE LA RED

Según la investigación del Grupo Anticorrupción del CTI, el cartel del silbato era liderado por cinco funcionarios, en razón de su experiencia en el cargo o influencia en el gremio: los agentes Bayron René Velásquez Grajales y Olga María Toro Agudelo, y los supervisores Alirio José Giraldo Duque, Carlos Arturo Torres Montoya y Carlos Alberto Ortega Gil. A juicio del ente acusador, ellos decidían si se cobraba o no la coima, llamaban a los particulares para gestionar el soborno, cambiaban comparendos ordinarios por pedagógicos (que no dan multa), ordenaban eliminar fotodetecciones y contactaban a guardas de otros municipios para favorecer a los infractores.

4. COBROS A DOMICILIO

Cuando había testigos presentes, el guarda de tránsito no se iba a arriesgar a que lo vieran recibiendo dinero, así que se concretaban citas en otros lugares: la sede de la Secretaría de Movilidad de Bello o un parqueadero cercano, que la red llamaba “el Cucharón”. Allá llegaba el infractor con “la liga”, “el detallito”, “la razón” o “la misioncita”, como denominaban al soborno, que oscilaba entre los $20.000 y $400.000, según la gravedad de la falta. En el argot del cartel, se decía que tocaba “individualizar”, para referirse a tomarle los datos al contraventor, para citarlo luego a pagar. En un audio del 28/9/17, la infractora Diana le pide al agente Bayron Velásquez un número de cuenta bancaria para consignar la “mordida”.

5. EL ENLACE DE MEDELLÍN

Juan Pablo Rivera, guarda de tránsito de Medellín, es señalado de ser la pieza clave del cartel en esta ciudad. Antes trabajó en Bello, donde habría establecido la compinchería con la red. Cada vez que un infractor tenía un problema en Medellín, el cartel usaba a Rivera para prestar el servicio ilegal, en especial cuando se trataba de evitar los exámenes de alcoholemia. En uno de los casos detectados (14/02/18), habría persuadido a un taxista que conducía con la licencia vencida para que les diera de a $30.000 a los dos agentes del caso, o “la liga para los parceros”, para no inmovilizarle el carro.

6. DECISIONES FRAUDULENTAS

Uno de los miembros clave de la organización, advirtió la Fiscalía, era Jhofran Elorza Osorio, quien fue inspector de tránsito de Bello, antes de su traslado en diciembre de 2017 a la Inspección Primera de Policía del municipio. Cuando los guardas corruptos no lograban resolver el problema en la calle, Elorza intervenía en el posterior proceso contravencional. “En esa instancia, tomaba decisiones contrarias a Derecho, para favorecer al infractor. Además, usaba sus conocimientos jurídicos como abogado para asesorar a la red ilegal”, precisó el fiscal.

7. LAS FOTOMULTAS BORRADAS

Uno de los servicios que ofrecía el cartel a los conductores que transgredían la ley era borrar las fotodetecciones. Uno de los delegados para eso era, presuntamente, el agente Sebastián Camilo Castrillón Zuluaga, quien permanecía con el carro de las fotomultas. Según las órdenes de sus jefes, se alejaba de sitios estratégicos o eliminaba los registros que captaba la lente; en otros casos, ya en el proceso de sistematización, otros agentes descartaban la prueba indicando que había quedado “borrosa”. Las fotodetecciones se borraban de forma reiterada, lo que implica una destrucción de evidencia física. En palabras del fiscal, “en Bello solo le ponían fotomulta al que no tuviera con qué pagar”.

8. OPERATIVOS SIN SORPRESA

Cuando la Secretaría de Movilidad pretendía hacer operativos sorpresa contra el transporte ilegal, el cartel del silbato filtraba la información, de modo que al desplegar los guardas en el terreno, ya no había nadie. Esta situación ocurría sobre todo en los alrededores de la Plaza de Mercado de Bello y de los principales supermercados, donde se instalaban acopios ilegales de “chiveros”. El CTI registró dos eventos (26/9/17 y 21/2/18), en los que el supuesto líder Bayron Velásquez avisó a los transportistas informales que escaparan de los acopios, porque la Sijín iba para allá; uno de ellos aparecía en su celular como “Uber Joan”.

9. DE MALAS LOS ATROPELLADOS

En casos de accidentes viales, los implicados también imploraban el auxilio del cartel del silbato. El 09/11/17, un conductor llamó exaltado al agente Byron Velásquez, le dijo que le ayudara, porque acababa de atropellar a una viejita en el semáforo del barrio Santa Ana y que ella estaba en la Clínica del Norte. Velásquez le pidió al guarda Juan Carlos Fernández Bonnet que no inmovilizara el carro. El pago del soborno fue de $100.000, pero a Velásquez le pareció mucho, así que gestionó la devolución de la mitad de la plata al infractor. El 25/12/17, al amanecer de la Navidad, un borracho atropelló a varias personas; su esposa acudió a la red para evitar el examen de alcoholemia. En esa ocasión, Velásquez pidió más dinero, porque solo iban a dar $50.000. En la conversación telefónica, le dijo a la cónyuge del conductor: “si quiere llámelo a él (al marido) y dígale que tiene que darle más plata y que le colabore al guarda. Por celular no se puede hablar eso, porque están interceptados, pero no le vaya a mencionar 50 porque ese man ahí mismo le guarda ese carro, si un mero informe de embriaguez vale como $5 millones, imagínese”.

10 COMPRANDO “VOTICOS”

En las interceptaciones, los investigadores registraron conversaciones comprometedoras de Gloria Dolores Rodríguez Álvarez, de 58 años, quien fue auxiliar administrativa de la Secretaría de Movilidad y luego de la de Medio Ambiente. En nueve ocasiones la escucharon coordinando, presuntamente, la compra de votos para apoyar las campañas de Olga Suárez y Mauricio Parodi, al Senado y la Cámara de Representantes, respectivamente. Las llamadas fueron entre el 6 y el 11 de marzo pasado, previo a la jornada electoral. “Lo que necesito es que al que yo le pague lleve tan siquiera 10 voticos, el de la mamá, el papá, la novia, ¿si me entiende?”, se oye en uno de los diálogos.