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Los casos de extorsión han disminuido en el Valle de Aburrá. Sin embargo, el flagelo de esta forma de crimen continúa sembrando miedo en el territorio y los ciudadanos, que ven con temor cómo esta conducta delictiva sigue sosteniendo a las bandas delincuenciales.
Vacunas, pagos, mensualidad o el nombre que se quiera utilizar, cuando se trata de un pago bajo presión de grupos ilegales es, en realidad, una extorsión o cobro ilegal.
Según Gregorio Henriquez, investigador urbano y escritor, el modelo de extorsión que hay en la ciudad sigue siendo de tipo “siciliano”, en el que se paga por una supuesta protección enmarcada en los conflictos que se viven en los barrios. Se protege a las personas de unos agentes externos.
“Ellos cobran una supuesta protección, aunque en realidad se le está cobrando al otro para que ellos mismos (las bandas) no le hagan nada”, aclara Henriquez, y asegura que es este el hecho por el cual los habitantes del Valle de Aburrá siguen pagando.
Este fenómeno se da, dice Henriquez, por la ausencia latente del Estado en parte del territorio local, en el que el crimen organizado entra a suplir las falencias en seguridad, economía y control, y del cual saca provecho por medio del cobro.
Iniciativas como “Bancuadra”, del Banco de las Oportunidades y adherida por la Alcaldía de Medellín en septiembre, busca desbancar el esquema ilegal del “pagadiario” (prestamista informal que cobra tasas de interés de entre 20 y 30%), otra de las formas más usadas para extraer dinero, ilegalmente, de las personas accediendo a sumas de dinero, para luego pagarlas en pequeñas cuotas día a día.
De otro lado, la campaña “Yo no pago, yo denuncio” de la Policía Nacional, incentiva a los ciudadanos a abstenerse de pagar a grupos ilegales por concepto de extorsión y comunicarlo a las autoridades.
Un comerciante del sector de La Floresta, en la comuna 12 de Medellín, que prefiere la reserva de su nombre, menciona que a su negocio se ha acercado una personas, vestida de civil, para cobrar presuntamente dinero para garantizarle seguridad.
Incluso, ante la ausencia del dueño, los trabajadores del lugar han tenido que pagar el rubro por miedo a verse inmersos en rencillas personales con el cobrador.
El comerciante dice sentirse vigilado e intimidado y ha optado por pagar los $ 30.000 que le exigen mensualmente.
Estas conductas no deben verse de forma aislada, asegura Juan Esteban Jaramillo, analista del Observatorio de Derechos Humanos y Paz del Instituto Popular de Capacitación (IPC), pues alrededor de la extorsión se configuran sistemas de control no solo económico, sino de violencia, que se ven reflejados al no pagar.
“Así suene grotesco, es más rentable que la gente esté viva que muerta, en términos económicos. La muerte llega como un castigo ejemplarizante para mantener el orden”, señala Jaramillo.
A diferencia de Henriquez, Jaramillo cree que no hay una ausencia del Estado, sino una convivencia entre este y el crimen, hecho por el cual no ha sido sencillo derrotar el crimen organizado.
Ambos investigadores concuerdan en que las campañas, si bien son buenas, pueden no ser efectivas a menos que trasciendan de panfletos y charlas, ya que debe garantizarse un acompañamiento de las instituciones en estos procesos.
“Eso es positivo porque le están tratando de mostrar a la gente que puede tener confianza en la autoridad, dejando atrás otras formas de control”, menciona Henriquez.