viernes
7 y 9
7 y 9
Quieren que uno de cada seis metros en Antioquia sean reserva
El departamento tiene 640.439 hectáreas de áreas protegidas. En estudio de declaratoria están otras 585.761, pero el proceso se puede alargar más allá de 2019.
-
Ciénaga de Barbacoas, ubicada en el municipio de Yondó. -
Páramo de Belmira-Santa Inés, que oscila entre los 2.400 y los 3.350 metros sobre el nivel del mar. -
Alto de San Miguel, donde nace el río Medellín en el municipio de Caldas.
FOTOS JUAN ANTONIO SÁNCHEZ, EDWIN BUSTAMENTE, ESTEBAN VANEGAS
26 de octubre de 2017
bookmark
10%
del territorio del departamento se encuentra declarado bajo algún tipo de protección.
En Antioquia quedan todavía 40.000 hectáreas de bosque seco tropical —un poco más de la superficie de Medellín—, que son esos corredores forestales que se extienden por el cañón del río Cauca, y cuyas tierras resultan fértiles para la agricultura, la ganadería, minería y turismo. Será por eso que, según el Instituto Humboldt, la mano del hombre ha arrasado con casi la totalidad de esta selva, y apenas queda un ocho por ciento de las nueve millones de hectáreas que tenía Colombia originalmente.
En palabras de Luz Adriana Molina, funcionaria de Corantioquia, este ecosistema es, en tierras bajas, el equivalente al páramo. “Es una vegetación muy sensible que se da en el extremo bajo del trópico. Nuestra misión es cuidar lo poco que queda no solo en el departamento sino en el país”, expresó.
Además del bosque seco tropical, en Antioquia también hay humedales que aún no cuentan con una figura administrativa que los proteja. Su cuidado es fundamental para conservar, por ejemplo, las sala cunas donde crecen peces como el bocachico o el bagre rayado, para evitar que los caimanes y las iguanas se queden sin hogar, y para que mamíferos como el manatí, en peligro de extinción, no desaparezcan de la faz de la tierra.
Como si esto fuera poco, son los humedales los que ayudan a amortiguar la crecida de los ríos, función natural que mitiga el impacto del invierno en las poblaciones aledañas a las riberas de los afluentes.
Según el Registro Único Nacional de Áreas Protegidas (Runap) en el territorio antioqueño existen 57 de estas zonas, dentro de las cuales hay parques naturales, reservas forestales, páramos, embalses y distritos de manejo integrado en los que se combinan la protección con actividades humanas.
Estas áreas representan solo un 10 por ciento del territorio antioqueño (640.439 hectáreas). Si se llegara a la meta trazada por la Gobernación de Antioquia de llegar a un millón de hectáreas de áreas protegidas, se subiría a un 15,7 por ciento, una extensión de un tamaño similar a la unión de Caldas y Quindío.
De alcanzar esa cifra, en la escala nacional Antioquia contribuiría con el 3,5 por ciento de las áreas protegidas en Colombia.
El departamento que más aporta a este propósito es Caquetá con el 8,8 por ciento de su territorio protegido, mientras que uno de los que menos hectáreas registra en el Runap es Nariño, que representa apenas un 0,5 por ciento del total nacional.
¿Qué se logra con las áreas protegidas?
La razón más importante para declarar nuevas áreas protegidas es que permiten que en una zona como el Alto de San Miguel, en el municipio de Caldas, donde se puede encontrar el 10 % del total de la biodiversidad que existe en todo el país, la fauna y flora se puedan cuidar de manera adecuada.
Además, el departamento no tiene ningún humedal de importancia internacional que cumpla con los parámetros establecidos por la convención Ramsar y mediante el cual se pueda obtener recursos y veeduría extranjera para su conservación.
Una de las posibles áreas a declarar está localizada en la serranía del Abibe. Si este proceso se logra, este ecosistema podría ser objeto de estudio para que pueda entrar en la categoría Ramsar y sumarse a los seis humedales nacionales que ya la tienen.
Por otro lado, María Berrío, jefe de Bosques y Biodiversidad de Cornare, manifestó que una de las razones más importantes para declarar un área es que dentro de los territorios a proteger suele ser donde hay mayor cantidad de bienes y servicios ecosistémicos.
“Con las declaratorias se puede trabajar también en mejorar la calidad de vida de los pobladores dentro de las áreas, a través de proyectos y estrategias que les permitan tener mejores condiciones como el pago por servicios ambientales o la restauración de especies maderables”, explicó.
Precisamente uno de los programas que se articula con los territorios protegidos en el Oriente antioqueño es Banco2, que ha vinculado a 6.500 familias para pagarles por cuidar los bosques.
Pero más allá de la simple declaratoria, Elizabeth Ortiz, profesional de Corpourabá, señaló que lo importante, además de la conservación los atractivos paisajísticos, es que los servicios ecosistémicos (como el agua) que proveen dichas áreas se garanticen para el bienestar de los pobladores que dependen de estos.
Nuevas áreas
En el Urabá antioqueño, además de los humedales de la serranía del Abibe, la corporación ambiental local trabaja en la posible declaración de nuevas áreas para proteger: un distrito de manejo integrado en los municipios de Arboletes, Necoclí, Turbo, San Juan de Urabá, San Pedro de Urabá; y otro en la localidad de Peque.
Corantioquia, en el centro y norte del departamento hace lo propio con zonas ubicadas en los complejos cenagosos de El Sapo Hoyo Grande, Corrales y Chiqueros. Inclusive, estos tres humedales, si cumpliesen con las condiciones también podrían ser catalogados de tipo Ramsar y recibir apoyo internacional para su conservación.
Lo mismo sucedería con Alto de Ventanas en los municipios de Yarumal y Valdivia, el bosque seco tropical que se extiende entre el Occidente y el Suroeste antioqueño, 89.000 hectáreas en una zona denominada Bajo Cauca Nechí y la cuenca baja del Río Claro Cocorná Sur.
Por otro lado, en el Oriente antioqueño, Cornare dijo que estudian zonas ubicadas en la parte sur de su jurisdicción.
“Estamos en proceso de declaratoria en el bosque andino Páramo de Sonsón, un corredor entre San Luis y San Francisco en la zona de Rioclaro y un área pequeña en el municipio de Concepción, conocida como el parque de los torrentes”, afirmó María Berrío.
En el valle de Aburrá, el Área Metropolitana ha declarado cuatro áreas protegidas con una extensión de 177,32 hectáreas y está en proceso de declarar otras dos zonas de 40 hectáreas.
En total, dentro de los planes de protección de las cuatro autoridades ambientales se sumarían 585.761 hectáreas a las ya existentes, pero hay que tener en cuenta que las mismas corporaciones explican que los procesos pueden alargase y que la extensión puede variar de acuerdo a los resultados de los estudios que hacen sus expertos.
“Posiblemente al final se dé una extensión menor a la inicialmente propuesta, pero esto solo se definirá una vez se culmine el proceso”, señaló Elizabeth Ortiz
¿Sí alcanzará para la meta?
Desde que las corporaciones ambientales están facultadas por la Ley 99 de 1993 para declarar áreas protegidas se ha aumentado el ritmo de declaratorias porque ya la tarea no es exclusiva de Parques Nacionales.
Por este motivo, según María Berrío, aunque la meta del millón de hectáreas es bastante alta, por la dinámica con la que han venido trabajando las corporaciones del departamento, no es inalcanzable y sirve como aliciente para trabajar sin tregua en la protección del medio ambiente.
En el mismo sentido se expresó Lucy Rivera, secretaria de Medio Ambiente Departamental, quien destacó que con la articulación institucional con las autoridades ambientales es posible lograr la meta.
Luz Adriana Molina dijo que “la meta del gobernador es buena para nosotros, además se trata de un reto del país que nos compromete en el cuidado de la biodiversidad”.
No obstante, Elizabeth Ortiz manifestó que también se deben tener en cuenta algunas problemáticas que surgen alrededor de la declaración de áreas protegidas.
“Los cultivos ilícitos, la minería ilegal y la de gran escala, la falta de conocimiento detallado sobre ecosistemas, falta de inventarios de flora y fauna, desconocimiento de la valoración de los servicios ecosistémicos o la falta de recursos para la implementación de los planes de manejo una vez se establece la declaratoria”, dijo.
Agregó que la meta es alta si no concurren para lograrla todos los actores que intervienen en el territorio. Sin embargo, anotó que más importante que la meta es “la continuidad del proceso, que puedan alcanzarse los objetivos de conservación que se busca con las declaratorias”.
De hecho, la voz de calma a la ambiciosa meta del millón de hectáreas planteada por el gobernador Luis Pérez, la dio María Berrío, quien señaló que no se trata de declarar por declarar.
“En realidad, con la declaración apenas inicia todo proceso. Luego de eso, las corporaciones deben acompañar permanentemente con vigilancia en las áreas protegidas”, dijo.
13
nuevas zonas en Antioquia podrían ser declaradas como áreas protegidas.
El empleo que busca está a un clic
