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La inversión de recursos en programas contemplados en el Plan de Desarrollo de, al menos, 14 secretarías y dependencias de la Gobernación de Antioquia, presentó una significativa reducción a mayo 30 de 2018, comparado con igual periodo del año pasado, situación que generó cuestionamientos en la Asamblea Departamental.
Un informe de la Secretaría de Hacienda evidenció que mientras despachos como Infraestructura incrementaron en un 53% con respecto al año anterior, en la Gerencia Afrodescendiente, la reducción fue del 9 % con respecto a 2017.
Pero la ejecución también bajó en la Gerencia Indígena, que invirtió este año 137 millones 589 mil pesos, de 750 millones 685 mil de presupuesto inicial (ver gráfico).
Según Juan Esteban Villegas, diputado e integrante de la comisión de Presupuesto, la ejecución presupuestal o gasto de inversión, es un mecanismo por medio del cual se ejecutan proyectos sociales o de infraestructura, que mejoran la calidad de vida de los antioqueños.
“Un gobierno debe priorizar la inversión sobre la burocracia (...) Que una dependencia como la Gerencia Afrodescendiente no sea capaz de gastarse 700 millones de pesos al año, es preocupante y dicen los funcionarios de ese despacho que la Secretaría de Hacienda no les autoriza la inversión. Como si esa población no tuviera necesidades”, dijo.
El presupuesto para gastos de inversión se alimenta de fuentes de ingreso como recursos propios y transferencias de la Nación. La idea es que apalanquen el desarrollo en las comunidades.
Para Villegas, además de “falencias administrativas en la oportuna ejecución, en lo que el gobernador Luis Pérez debe tomar correctivos”, se presenta un decrecimiento de los ingresos, desde 2016, en transferencias, operación comercial de la FLA y los proyectados por contribución de valorización en Antioquia.
“En esas solas rentas del 2016 a la fecha, frente a lo proyectado por el Plan de Desarrollo, hay una diferencia negativa de 374.829 millones de pesos, es decir, eso es lo que dejó de ingresar”, añadió.
Adriana María Hernández, secretaria de Hacienda de Antioquia, explicó la baja ejecución presupuestal de algunas secretarías y gerencias en problemas con la contratación por ley de garantías y disposiciones nacionales.
Por ejemplo, indicó que la Secretaría de Gobierno tuvo dificultades por ley de garantías para adelantar contratos, como uno por 1.298 millones de pesos para sostenibilidad de un programa de Derechos Humanos, otro más por 558 millones con la Policía Nacional para transporte y con la Alcaldía de Chigorodó para su Palacio Municipal, por 937 millones.
“Todas estas cifras están en proceso de contratación”, recalcó y agregó que en el caso de la Secretaría de Minas, que en 2018 ha ejecutado 2.053 millones de pesos de los 9.458 millones con que cuenta, es porque apenas están en estudio dos proyectos de inversión debido a la ley de garantías.
Añadió que situación similar sucede con las secretarías de Agricultura y General, que hoy adelantan procesos contractuales para invertir los recursos del presupuesto.
“En Gestión Humana se tienen 28 millones de pesos adjudicados del fondo de vivienda que ya están en proceso. La junta se hizo el último día del mes y hasta tanto la gente no lleve sus compraventas, no se ejecutan los proyectos”, subrayó.
Los argumentos de dificultades en procesos o ley de garantías son injustificados para el diputado Villegas, quien anotó que existen mecanismos para superar esos obstáculos a la hora de contratar programas y proyectos que beneficien a las comunidades.
“La función de Hacienda es recaudar y crecer. Cuando lo hace cumple su tarea, pero no así si generan ejecuciones presupuestales a mayo inferiores al 30%, y dicen que es por la ley de garantías, cuando esta permite licitaciones, concursos abiertos, convenios administrativos”, acotó.
“El fondo, sin personería jurídica del agro, tiene 0% de ejecución, cuando la promesa de este gobierno era que iba a invertir 500.000 millones de pesos a 2019. Hay que revisar esto, porque la esperanza de ese sector son esos recursos”, enfatizó.
Con respecto a la Secretaría de Medio Ambiente, con ejecución del 5%, Hernández atribuyó dificultades en el proceso de compra de predios, pero Villegas señaló que hubo mucho tiempo, dos años, para realizar la gestión.
La jefe de Medio Ambiente, Lucy Rivera, apuntó que solo el componente de esa secretaría, según el Plan de Desarrollo, de conservación y protección del recurso hídrico, se lleva el 93 % de los recursos asignados de presupuesto y esto implica la adquisición de predios.
“Lo que hacemos con los recursos, que son de destinación específica, es comprar predios o hacerles manteniendo o pago por servicios ambientales”, aclaró.
Rivera aseveró que inició 2017 con 15.468 millones de pesos de presupuesto y con la adición presupuestal quedó este año con 39.718 millones. “Lo puedo hacer todo bien, pero si no muevo esa plata de compra de predios, nos afecta la ejecución y comprar para el Estado no es como hacer un negocio con un particular, es muy complejo”, concluyó.