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Las dificultades en la última etapa de construcción del Túnel de Oriente, generadas por la detección de un tipo de terreno magro al interior de la montaña, tiene en vilo a Antioquia.
Esa obra, que se espera catapulte el desarrollo de la región y la internacionalización de Medellín y del aeropuerto José María Córdova, al dejarlos a 18 minutos de recorrido en vehículo, había sido anunciada por el gobernador Luis Pérez para ser entregada en diciembre próximo. Ahora se advierte que solo estará para mayo de 2019.
Al frente del proyecto de
1, 18 billones de pesos, durante los recientes dos años y medio ha estado el ingeniero Gilberto Quintero, secretario de Infraestructura del Departamento y quien asegura que el impacto con la reprogramación del túnel es mínimo y entendible.
Explica, en detalle, lo sucedido al interior de las cavernas y habla de los extracostos que el retraso traería a la Administración, según diputados. Afirma que hay una mala interpretación del reciente fallo del Consejo de Estado que prohíbe tomar vigencias futuras para terminar de pagar el megaproyecto.
¿Los preocupa el atraso en la obra?
“Eso (la obra) es un negocio. Y en las concesiones cualquier dificultad que genere atraso, que no tenga que ver con el gobierno, es un problema para el concesionario. Y a quien menos le puede interesar que se genere un atraso es al mismo concesionario, porque la plata que recuperará de las inversiones que ha realizado lo hace con la puesta en funcionamiento del peaje, uno nuevo que existirá”.
¿Qué fue lo que sucedió?
“Se trabajaba arrancando en Sajonia, luego de terminar se entró al viaducto, que es el túnel y se avanzó dentro de la montaña. Había suelo duro (roca) y en la medida que se progresaba, se encontró suelo más magro. Mientras se avanzaba en uno de los túneles (el de evacuación), que también mide 8,2 km, y que se encontrará con el Santa Elena 1, se detectó una dificultad. Eso fue al llegar al punto (770 metros antes de unirse los túneles).
El rendimiento disminuyó en un 50 por ciento y generó un atraso de meses, respecto a la programación que había para juntar los dos frentes”.
¿Qué implica para el cronograma del proyecto esa situación?
“En esto tiene que ver la seguridad industrial que se maneja en el proyecto, y el hecho de que una obra de estas se reprograme 3 meses no tiene ningún significado, comparado con lo que ha pasado en otros proyectos en el país. Cuando uno está pavimentando una carretera, llueve 8 días y el proyecto se atrasa un mes.
La geología en túneles es compleja y aún no se ha dicho la última palabra. Siempre se encontrarán imprevistos. En principio, por ejemplo, se tenían detectados en el túnel siete sitios complejos y apareció este otro que ha generado la dificultad”.
¿Cuál es el avance de obra?
“Vamos en el 91 por ciento. Nos faltan 770 metros para terminar (unir los túneles). Además, hay reporte satisfactorio en viaductos, puentes y vías a cielo abierto. También avanza la construcción de los peajes, el edificio de control de operaciones. Hay un puente que mide más de 500 metros y estará listo en noviembre. Llevamos 15.000 metros de túneles”.
¿Qué seguirá luego de superar la dificultad?
“Esperamos que en diciembre próximo se unan los túneles. Luego seguiremos dándole el acabado a las obras, en lo que se ha venido avanzando. Además, hay que hacer el pavimento de las vías. Hay un mes que es de pruebas y calibraciones, después de terminada la obra. Los equipos electromecánicos en el sitio, una vez instalados, necesitan ponerse a prueba, calibrarlos y esto, mínimo, se lleva abril. Es decir, la obra realmente se termina en marzo (pero se entrega en mayo). Lo otro es operación con pruebas”.
“Hay que recordar la magnitud de esta obra: tan solo 400 metros menos que el túnel de la Línea. La conexión con el aeropuerto José María Córdova le dará más trascendencia a la internacionalización. Están llegando más aerolíneas y a ellas les interesa que la ciudad esté ligada al terminal aéreo”.
“Esta no es una obra pública, es una concesión, lo que implica que es un negocio. Como negocio, tiene un modelo financiero en el que están establecidos los valores de la ejecución de obras. No porque se demoren un mes más la obra les va a costar más. Ellos (el concesionario) tienen la plata para hacerlo. Tienen que asumir el negocio que hicieron con el Estado. Ahora, cuando el problema es del gobierno es diferente. Para eso el contrato establece condiciones”.
“En el contrato está claramente determinado que esto no le genera sobrecosto ni reclamaciones del concesionario al Departamento. Si lo hicieran, nosotros también tendríamos mecanismos para reclamar por otras circunstancias.
Si hubiera sobrecostos, ellos (el concesionario) los tienen que asumir. Por ejemplo, si se demora para instalar el equipo electromecánico, el problema es de ellos, pero los rendimientos que se han tenido, muestran que ha habido coordinación clara entre el concesionario y la Secretaría, interventoría y supervisores”.
Desde la Asamblea advierten riesgo en financiación por un fallo del Consejo de Estado contra vigencias futuras. ¿Cómo es esto?
“Existe una Ordenanza, la número 30 de 2010, que estableció vigencias futuras para el túnel de Oriente y decía cómo se pagaba esa plata. Esta Ordenanza se hizo sin que se tuviera facultades, porque en ese entonces no existía la figura de vigencias, para que el Gobierno Departamental pudiera tomar decisiones que comprometieran recursos de administraciones siguientes.
Esto se corrigió con una ley (1483 de 2011) y fue derogada por el mismo Departamento, remplazándola por la número 21 de agosto de 2014. Esta reprogramó los recursos pendientes y a partir de 2015 se ha venido pagando la plata.
Cuando el Consejo de Estado falló, hace 15 días, ya estaba derogado. Le hicieron bulla a algo que ya no existía”.
Se les cayó la tasa aeroportuaria. ¿Cómo conseguirán 120.000 millones que esperaban por ese mecanismo?
“Existía un convenio con la Aeronáutica y se fijó un derecho de conectividad. Este era un compromiso del Gobierno Nacional, mediante el cual le cobraban $5.000 al pasajero. La meta era recaudar $120.000 millones, pero con la suspensión de ese mecanismo (por un fallo del Consejo de Estado) se dejó de recaudar.
Se había recaudado $8.300 millones, desde junio hasta noviembre. Esa plata no la utilizó el gobierno, está en un fondo, en una cuenta, porque mientras el Consejo de Estado toma una decisión, ese dinero es de los pasajeros y si se ratifica el fallo la Aeronáutica habrá que buscar mecanismos para devolverla.
Sin embargo, el Departamento suplió esa dificultad por el recaudo de la tasa. Se hicieron reuniones con el Concesionarios, Secretaría de Hacienda, y se solucionó el déficit por la falta de esos recursos”.
¿Y cómo repondrán el valor?
“Los recursos que teníamos que entregar por ese concepto obedecen a una programación (distribución de valorización), que son $70.000 millones que ya existían, pero el presidente Juan Manuel Santos dijo que no iba a haber valorización y se remplazó esa obligación por la conectividad (tasa aeroportuaria).
Esos $70.000 millones son los mismos, pero indexados, con recursos que se tenían que recuperar a través de intereses en el tiempo, porque el plazo fue de 6 años. El Departamento lo que hizo fue pagarle con recursos propios al concesionario esa obligación por derechos de conectividad. El Gobernador tomó la decisión. Estamos en el tiempo, y contractualmente, en las fechas. No debemos nada”.
¿Cuál es la deuda con el concesionario?
“Se le deben $13.000 millones, fruto de la Ordenanza, vigente de 2014, que dijo que a partir de 2015 el Departamento pagaba cierto monto. Esa es la última cuota, correspondiente a 2018 y programada, conforme a la terminación del proyecto. Pero como no se va a terminar este año (se demorará cinco meses más), entonces ellos no verán la plata sino en 2019”.