negocios | Publicado el 24 de enero de 2017

Encuesta empresarial arroja tolerancia alta a la corrupción en Colombia

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Juan Fernando Rojas Trujillo

Al preguntar si Colombia tolera un acto de corrupción no declarar en la aduana el valor correcto para empresarios, el 37,3 % de empresarios aseguran que hay tolerancia alta y solo 25,3 % indica que ha tolerancia cero.

Más inquietante es que 36.6 % considera que en el país se connive con la posibilidad de dar dádivas o dinero a cambio de evadir un requisito aduanero. También el 32,5 % percibe que hay laxitud con la práctica ilegal de buscar agilizar trámites corporativos por el mismo medio. Incluso el 30,5 % opina que es plausible buscar el perdón de una multa a cambio de dar dinero.

Esto se infiere de la primera Encuesta de Impacto de la Corrupción en la Actividad Empresarial, que realizó la Asociación Nacional de Empresarios (Andi) con 89 cabezas de grandes y medianas compañías, y presentada ayer en Bogotá (ver infografía).

“La encuesta trata de identificar hasta qué punto la sociedad tolera la corrupción y nos encontramos unos niveles relativamente altos (...) buscamos una actitud de rechazo a la corrupción de parte del sector privado para que no participe, sino que denuncie”, señaló ayer el presidente de la Andi, Bruce Mac Máster.

Resulta indicativo que el 21,4 % de empresarios respondan que han recibido insinuaciones de pagos para agilizar o hacer efectivo un trámite o solicitud”. Eso ya es alto cuando el promedio de este tipo de gestiones es de 10,4% y 2,3 % admitió que pagó una extorsión en el último año.

Además las dificultades en trámites son consecuentes con sectores con más alta percepción de corrupción, a juicio de empresarios. Por ejemplo, aduanas lideran en dificultades (59,3 % de respuestas) y son segundas como sector donde perciben mayor corrupción (70,1 % en ámbito nacional). Al respecto, este diario consultó a Dian, pero no obtuvo respuesta.

Entre tanto, el presidente Juan Manuel Santos anunció anoche que radicará dos proyectos de ley: para eliminar la casa por cárcel y rebaja de penas en implicados en corrupción; y conocer el registro de controlantes de empresas que operan en el país y evitar uso de figuras jurídicas para esconder ilegalidades .

Mientras la Andi saca manuales de ética para miembros de sus cámaras sectoriales, piensa que la rama judicial debe sumarse a esfuerzos anticorrupción de Fiscalía, Procuraduría y Contraloría.

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