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Alza del salario mínimo, solo una de las pruebas que enfrente el ministro Lucho Garzón


El ministro de Trabajo, Luis Eduardo Garzón, propondrá para 2015 una nutrida agenda de temas laborales para discutir y consensuar en la Comisión de Concertación. FOTO MANUEL SALDARRIAGA.
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Luego de hablar con el exsindicalista y hoy ministro de Trabajo, Luis Eduardo Garzón, queda claro que buena parte del éxito de su gestión dependerá de cómo sortea simultáneamente tres férreas posiciones: la de un celoso equipo económico de Gobierno; unos empresarios que se sienten golpeados por la reforma tributaria, en trámite; y unas centrales obreras que reclaman les cumplan promesas de la pasada campaña presidencial.

Esta semana el escenario volverá a ser la Comisión de Concertación de Políticas Laborales y Salariales con el fin de tener, ojalá antes del 19 de diciembre y por acuerdo, el ajuste del mínimo para 2015 y que hoy es de 616 mil pesos.

Pero desde ya se avizora que el próximo año otro campo de batalla de ‘Lucho’ Garzón será el Congreso.

Allí harán trámite dos reformas de alta incidencia: una para modificar la jornada laboral, recargos nocturnos y horas extras, que desde ya levanta ampollas desde gremios y sindicatos; y otra pensional, una de las tareas aplazadas del primer gobierno de Juan Manuel Santos, y que urge en términos de sostenibilidad fiscal.

Sobre estos y otros temas dialogó El Colombiano con Garzón, quien afirma con su característico desenfado que “lo único cierto que se consigue como ministro, es ser exministro” y que “uno pelea todos los días por no ser viceministro de Hacienda, sino ministro del Trabajo, es complicado”:

¿Cuál es su expectativa frente a la negociación del salario mínimo para 2015?

“A diferencia de mi época de sindicalista, ahora hay mucha certeza sobre la inflación causada, hay también un espacio de diálogo fluido. Cuando se logra un incremento por concertación, sube sustancialmente el reajuste, porque todos llegan al ajuste máximo del salario mínimo, pero cuando no se logra concertar, termina siendo el ajuste mínimo del mínimo”.

¿En cuánto espera que pueda estar ese reajuste?

“Es una pregunta que no le puedo responder ahora, pero le puedo decir que instrumentalmente está el piso mínimo de inflación causada (se espera del 3,5 por ciento) más productividad (0,8 por ciento, según Planeación Nacional). Ojalá la discusión se mantenga en un marco flexible de reflexiones de parte y parte”.

¿A qué se refiere?

“Espero que los sindicatos no condicionen la discusión del salario mínimo a lo que han llamado un cumplimiento de acuerdos, que están en todo su derecho de plantear, pero que no se han podido cumplir todos por las circunstancias económicas que todo el mundo conoce. Y tampoco espero que los empresarios supediten la posibilidad de una concertación a que se retire el proyecto de recargos nocturnos, como han planteado algunos de ellos. No podemos seguir frente al ritual predecible de siempre, donde el ajuste tendrá que salir por decreto, con o sin acuerdo. El escenario actual obliga a discutir condiciones de salario, de empleo, de regiones, por población y en áreas rurales”.

¿Estos temas serán parte de la discusión de ahora?

“No en este momento, pero llevaré a la mesa de concertación esa agenda en 2015. Veo desde ya una buena recepción, tanto en sindicatos, como en empresarios. Esto hay que revolucionarlo, aspiro a que en el próximo año se cambien unos mínimos referentes y hagamos una agenda en ese sentido”.

¿Le suena la idea de la Ocde de que el salario mínimo se ajuste por inflación, y de ahí para arriba por inflación más productividad?

“Me suena, así como la propuesta de la Confederación General de Trabajadores (CGT) de prima móvil de salarios; así como un salario mínimo para jóvenes. La verdad, no soy muy optimista del impacto, que estamos midiendo, de la Ley de Primer Empleo: tenemos una tasa de desempleo de 16 por ciento en personas entre los 18 y 28 años, ¡algo escandaloso!”.

Y frente a la inveterada propuesta de salarios mínimos diferenciales por regiones...

Creo que hay que cambiar el ritual del ajuste del salario mínimo y no se puede definir solo desde Bogotá un racero para todo el país, y más cuando ya estamos hablando de posconflicto. Hay situaciones puntuales del mercado laboral en cada departamento que también se deben atender, como la inequidad de género, cuando tenemos que la posibilidad de empleo de las mujeres hoy es 21 por ciento menor que la de los hombres, en el comercio sube al 49 por ciento, y en el campo están en un escenario prácticamente prefeudal.

¿Qué hará frente a los dolores de cabeza de los trabajadores que denuncian más persecución antisindical?

“La lucha por acabar con el prejuicio sindical no ha terminado. Hay poquiticos empresarios que si miran al presidente Santos como castrochavista a mí me ven como un ‘Timochenko’. No me parece justo que se siga viendo al sindicalista como un problema y no como parte de la solución. Asimismo creo, desde la orilla sindical, que si bien es válida la protesta, también deben ser más las propuestas”.

¿Y en el caso de empresarios que reclaman por la baja productividad laboral?

“Francamente, le digo a ellos que son un factor fundamental de empleo y aquí no se está buscando generar ninguna cultura antiempresarial, y no se los digo por quedar bien. Pero tampoco los empresarios pueden actuar como víctimas del Gobierno. La ley 789 de 2002 que redujo muchísimo los costos de nómina por recargos nocturnos, dominicales y festivos les ha beneficiado, así como los estímulos de la Ley de Primer Empleo, además de otras exenciones. Hay momentos de la vida en que todos debemos poner”.

Igual alegan que hay una baja productividad, ¿qué les responde?

“Ese tema no es un problema de que este y gobiernos anteriores no les hayan generado las condiciones. El tema de la productividad está ligado a la formación y hay que reconocer cómo el Sena ha logrado ampliar su cobertura hasta 1,2 millones de aprendices, pero también se debe revisar la pertinencia de la formación, porque el 50 por ciento de la gente que sale del Sena no consigue trabajo. En este Plan de Desarrollo, necesitamos que la entidad apunte a lo que necesitan los empresarios, el aparato productivo y los mismos trabajadores”.

Y con todo, ni a empresarios ni a trabajadores les gusta su propuesta de dos horas de recargo nocturno...

“Uno no llega a un piso 40 en una sola subida y sin respiro, y más en la situación macroeconómica en que está el país. Mientras que la reforma tributaria les costará a los empresarios 12,5 billones de pesos, esta reforma costaría solo unos 220 mil millones anuales, no es una cosa del otro mundo”.

Igual están preocupados por el impacto en nómina...

“Muchos empresarios han salido a decir que voy a acabar con la formalidad laboral. Creo que en momentos económicos buenos, hay que enviar un mensaje de que los trabajadores también hacen parte de su riqueza. De otro lado, tampoco es aceptar lo que quieren los sindicatos con su posición de todo o nada. Aquí se enfrenta la posición de lo justo frente a lo posible”.

Y así, ¿para cuándo radicaría el proyecto de ley?

Salvo el presidente Santos me desautorice, estamos buscando una concertación con empresarios y trabajadores para recuperar esas dos horas de recargo y ponernos a niveles de países como México. La discusión ya está planteada en la Comisión de Concertación y la Comisión Séptima (del Senado) tendrá otro espacio esta semana para escuchar distintas posiciones. Pero tampoco es caer en la dinámica de consensos paralizantes, con que no estoy de acuerdo. La instrucción es impulsar esa reforma, y se lo digo al equipo económico del Gobierno, empresarios y trabajadores”.

Entonces, ¿para cuándo, acaso marzo de 2015?

“No lo sé, es posible, pero no creo que hoy esa reforma sea una prioridad en la agenda del Congreso”.

Y en el caso de la reforma pensional, ¿está confirmado que se presentará para la próxima legislatura?

“Sí, la idea es que se presente en julio del próximo año y se dará un amplio debate durante todo el primer semestre. Defiendo la propuesta que presentó Rafael Pardo en su momento de que todo el mundo entre por Régimen de Prima Media en sus aportes hasta el primer salario mínimo y de ahí para arriba en el régimen privado. El presidente ha mandado a hacer una hoja de ruta desde el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (Ocde)”.

La Ocde ya ha planteado aumento de edad de jubilación e igualarlas para hombres y mujeres, ¿personalmente, está de acuerdo?

“No quiero aún discutir eso. A título personal, en principio, si estoy de acuerdo con la propuesta que hay de Rafael Pardo, no estoy de acuerdo con el aumento de edad, pero es una decisión colectiva de Gobierno. No creo que sea un tema de edades, pero si al Gobierno se le va 16 por ciento del presupuesto en pago de mesadas pensionales, evidentemente hay que tener en cuenta la mirada fiscal, pero sin olvidar la mirada social”.

También varios sectores han propuesto emprender la reforma constitucional para desligar el incremento de las mesadas pensionales del alza del salario mínimo, ¿eso se hará?

“Ahora no está en la agenda legislativa que se llevará al Congreso. Y en ese punto, volvemos a lo mismo: la discusión de lo justo frente a lo posible, frente a la necesidad de los pensionados de tener un mejor ingreso, así como las necesidades fiscales del país”.

De otro lado, ¿qué les dice a los pensionados que piden les cumplan el compromiso de reducir sus aportes para salud del 12% al 4%?

“Espero que sea gradual, como lo plantean en el Congreso. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, ya dijo que ni gradual ni nada, y entiendo que su labor es defender la caja, pero también pienso que con el fin de cumplir acuerdos, hay que evaluar la gradualidad. Quien definirá al final qué se hace, es el presidente Santos”.

¿Al fin cuándo arrancarán los Beneficios Económicos Periódicos (Beps)?

“Arrancan este mes, la logística necesaria ya está prácticamente lista. La meta personal es tener 1,6 millones de trabajadores con su cuenta individual de Beps para 2018, aunque en el primer borrador del Plan de Desarrollo hay una meta de 400 mil afiliados. Pero antes de empezar quiero tener la certeza de que ese programa tendrá la suficiente sostenibilidad fiscal, por el subsidio que se entrega del 20 por ciento sobre el valor de lo ahorrado al llegar la edad de jubilación. Aquí no necesitamos Alka-Seltzer: mucha efervescencia y poca consistencia, todo lo contrario”.

Por último, en la inspección laboral, ¿ya se nombraron todas las plazas habilitadas?

“Son 904 inspectores, nos faltan 120, tratando de que esas plazas se llenen con mujeres, priorizando la equidad de género, y asegurando que se cualifique la inspección. Pero en ese punto es importante dar una discusión en que el Sena no sea protagonista de un mecanismo coercitivo para cobrar las multas; también vamos a hacer unos seminarios regionales para cualificar la inspección laboral, con apoyo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Y tres, mirar cómo se diversifica el trabajo de los inspectores por áreas, como trabajo infantil, riesgos laborales, en puertos, etcétera”.

¿Se mantendrá la política de multas ejemplarizantes a empresas violadoras de derechos laborales?

“Más que castigar con plata, necesitamos buscar medidas cautelares. Creo más en la sanción social que en la pecuniaria, sin justificar ninguna violación a derechos laborales, sea en una empresa pequeña o una multinacional”.

Contexto de la Noticia

“El primero es el trabajo decente, no solo en los mínimos de contrato laboral y garantizar seguridad social. Dos: el desafío de una altísima informalidad que se refleja en baja protección social y alto grado de incertidumbre en el ahorro para la vejez de los trabajadores. La tasa de informalidad en las 13 áreas metropolitanas del país ronda el 49%, pero el promedio nacional se sube a 64%, porque las zonas rurales tienen el 88%. Por eso el Plan de Desarrollo hará gran énfasis en el campo. Y un tercer tema es forjar un mecanismo de concertación para lograr acuerdos, resulta difícil de creer que legales e ilegales puedan sentarse a discutir en La Habana, pero aquí no seamos capaces de alcanzar consensos entre sindicatos, empresarios y Estado”.


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